Gran preocupación generó esta noticia que circuló en varios medios de comunicación y que se está tratando de desmentir aplicando definiciones confusas respecto a las verdaderas motivaciones de esta avanzada progresista de la Agenda 2030 que, entre otras cosas, busca justificar el sexo con menores mientras “esté consensuado”.

Una organización vinculada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aboga por la despenalización de todo tipo de consumo de drogas y actividad sexual, incluido el sexo con menores.

En su informe a la ONU, titulado Principios del 8 de marzo, el Comité Internacional de Juristas (ICJ, por sus siglas en inglés) dio un esbozo para “Un enfoque basado en los derechos humanos para el derecho penal que prohíbe conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el uso de drogas, el VIH, la falta de vivienda y la pobreza”.

El grupo quiere “un nuevo conjunto de principios legales de juristas expertos para guiar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal”, según ONUSIDA.

Los impactantes detalles se descubrieron recientemente en el interior del informe que se publicó el Día Internacional de la Mujer, en marzo. El informe de 32 páginas pide que se despenalicen todo tipo de delitos, alegando que mantener estas cuestiones morales como delitos es un atentado a los derechos humanos.

“El derecho penal es una de las herramientas más duras a disposición del Estado para ejercer control sobre las personas… como tal, debería ser una medida de último recurso; sin embargo, a nivel mundial, ha habido una tendencia creciente hacia la sobrecriminalización”, dijo Ian Seiderman, director de leyes y políticas de la CIJ, en el comunicado de prensa. “Debemos reconocer que estas leyes no solo violan los derechos humanos, sino también los principios fundamentales del derecho penal”.

Entre los muchos problemas enumerados en el informe, varios medios de comunicación y organizaciones notaron una línea que afirma que los menores pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos.

En la página 22, el informe decía: “Con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La aplicación no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o la edad de consentimiento para el matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participen personas menores de la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales prescrita en el país puede ser consensuada, de hecho, si no de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la realización de conductas sexuales consentidas y su derecho a ser oídos en los asuntos que les conciernen”.

“De acuerdo con sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y con especial atención a las garantías de no discriminación”.

La CIJ también argumentó en contra de cualquier restricción a los “derechos” LGBT y trans en varios países, afirmando: “Nadie puede ser penalmente responsable por conducta o estado basado en su identidad de género o expresión de género. Esto incluye identidades de género y formas de expresión de género que se percibe que no se ajustan a las expectativas o normas sociales relacionadas con los roles de género, el sexo asignado a una persona al nacer o un binario masculino-femenino, entre otros”.

Además, la CIJ dice que todas las leyes que prohíben el “trabajo sexual”, también conocido como prostitución, deben cambiarse. Los críticos dicen que el “trabajo sexual” a menudo implica tráfico sexual en el que las víctimas son abusadas y engañadas haciéndoles creer que están realizando un “trabajo”.

El grupo también se opone a todas las restricciones sobre el aborto y escribe: “La ley penal no puede prohibir el aborto. El aborto debe quedar completamente fuera del ámbito de la ley penal”.

ONUSIDA, la agencia responsable del programa de respuesta al sida del organismo mundial, dijo recientemente en un blog en su sitio web: “El uso excesivo continuo de la ley penal por parte de los gobiernos y, en algunos casos, las leyes penales arbitrarias y discriminatorias han llevado a una serie de violaciones de derechos humanos. También perpetúan el estigma, los estereotipos de género nocivos y la discriminación basada en motivos como el género o la orientación sexual”.

En un comentario publicado por The Western Journal, Peter Partoll, un escritor del medio, señaló: “Si las Naciones Unidas están vinculadas a un grupo que intenta legitimar las relaciones sexuales con menores, así como promover la agenda trans y el aborto, nuevamente plantea la cuestión de si Estados Unidos debería seguir participando en la ONU”.

Partoll explica por qué se fundó la ONU para asegurarse de que el mundo nunca fuera testigo de una devastadora Tercera Guerra Mundial.

Sin embargo, escribió: “Si bien este objetivo inicial fue admirable, desde entonces, las Naciones Unidas se han dedicado a promover una agenda globalista de izquierda en todo el mundo”.

“No tiene en cuenta la soberanía nacional o el estado de derecho, ya sea humano o divino. En cambio, busca imponer males morales objetivos en el mundo”, continuó Partoll.

“Si Estados Unidos quiere seguir siendo un faro brillante de libertad para el mundo, ¿puede realmente seguir siendo parte de una organización que está abierta a imponer males como el aborto y la pedofilia en el mundo?” preguntó. “Esto también nos recuerda lo que los conservadores han estado diciendo desde hace un tiempo: la izquierda está obsesionada con sexualizar a los niños”.

Fuente: Mundo Cristiano. | Vida Cristiana
Ilustración: Americano Media.